Amics de la Universitat Pública

La deriva del sistema de evaluación del profesorado. La primera modificación.

El sistema de evaluación del profesorado ya comenzó con un pie cojo, tal y como explicamos en nuestro artículo sobre sus inicios. Pero con todos sus fallos, la norma inicial se ha seguido aplicando y en posteriores acuerdos se han ido modificando y refinando los parámetros de la evaluación. En este artículo vamos a analizar la primera modificación que tuvo lugar.

Tal como se indicaba en el propio documento, la norma original especificaba que pasados 4 años desde su aprobación se tenía que revisar el texto, y la primera modificación que tuvo lugar el 12/06/12 [1] responde a ello. Aunque la norma original se había aprobado cuatro años antes, no fue hasta el año 2011 (no recuerdo exactamente si fue el 2011 o el 2010) cuando el colectivo PDI fue finalmente clasificado en celdas. Con solamente un año de experiencia en los resultados, ya se procedió a modificar la norma. Aunque se dijo que aquella primera clasificación era algo a título informativo, eso duró poco y enseguida el sistema penal se implantó.

La modificación de 12/06/12 mantiene al completo el documento aprobado inicialmente, simplemente precisa puntos que habían quedado poco claros. Y esa precisión no hace más que ahondar en el proceso de degradación. En varios casos, deja claro cosas que ya se podían sospechar de la redacción inicial, confirmando las hipótesis más pesimistas.

Ya hicimos ver que en el documento inicial no se indicaba la intención de que el sistema de evaluación sirviera para la mejora de nada. Pero en esta modificación se aclara, para los que aún pudieran dudarlo, que ese no es el objetivo en ningún caso. Tomado literalmente del documento: “Atès que l’objectiu del sistema és mesurar i valorar la conducta professional i el rendiment o la consecució de resultats del professorat de la UPC”. Es decir, de lo que se trata es de medir la consecución de resultados. Igual que se hace en las fábricas o en las oficinas bancarias, consecución de resultados. Pero hay una diferencia importante. En una oficina bancaria a principio de año se establece un objetivo concreto y mesurable: “esta oficina queremos que gestione a final de año tanto volumen” y si se cumple ese objetivo hay primas, si no se cumple hay reprimendas. ¿Cuáles son los objetivos de la UPC a principio de año para cada uno de nosotros? ¿A alguien le han dicho alguna vez qué se espera de él a finales de año, para así poder ponerse a trabajar en eso de cara a su posterior evaluación? ¿Se puede medir el grado de consecución de algo que nadie ha concretado anteriormente? La respuesta es no; es imposible medir la consecución de objetivos que no han sido especificados claramente en un inicio. Ya sobre este aspecto publicamos un artículo hace unos meses.

Otro detalle, no menos significativo, es la aclaración sobre el año al que afecta la evaluación. Si no se indica lo contratio, se evaluará la actividad del curso anterior al de la convocatoria: la evaluación del año 2014 se hará sobre la actividad del año 2013. Eso en sí mismo no es el problema, pero sí coopera en otro de los problemas del sistema: la retroactividad de la norma, uno de sus más enormes defectos.

La evaluación de la actividad del profesorado tiene un grave defecto de forma en su comportamiento retroactivo. Y en esta modificación de la norma se puede detectar. Una de las precisiones que agrega esta modificación es que “S’estableix un volum d’ingressos mínim de 18.000 euros per diferenciar entre convenis de recerca i serveis, que estan exclosos de l’avaluació.” Pero ¿ésto de qué se trata?, ¿de evaluar la capacidad de aportar ingresos a la entidad o de evaluar la actividad del PDI? No queremos perder la oportunidad de recalcar que estamos en desacuerdo con que el colectivo PDI tenga que ser una oficina de recaudación. Además se añade otra precisión: “Els projectes considerats han d’haver estat en vigor en els dos anys anteriors al de la convocatòria d’avaluació, o que hagin estat concedits l’any anterior i hagi estat iniciat durant l’any de la convocatòria d’avaluació.” Por tanto, de aquí se puede deducir que, como esta norma se aprueba el año 2012, se aplicará a la convocatoria 2013 que evaluará la actividad del año 2012, pero también a proyectos que hayan estado en vigor los dos años anteriores, 2011 y 2010. Por tanto, el PDI que consiguió proyectos el año 2010 tenía que saber que el 2012 establecerían un límite de 18000€ para que sus proyectos contabilizasen. Los PDI que no tuvieran acceso a una pitonisa que les avisara, y que cometieron el error de conseguir proyectos por 15000€ se equivocaron, pero eso lo sabrían 2 años más tarde. Eso significa que la norma es retroactiva. Para que la norma fuera válida legalmente, tendría que decir, “para los proyectos que se consigan a partir de la fecha de este acuerdo…” y eso significaría que los proyectos que se consiguieran el 2013 y que serían evaluados los años 2014, 2015 y 2016, quedarían sujetos a esta modificación. Pero esa aclaración no se hace, se aplica de manera inmediata. De esta manera, nadie tendrá nunca la seguridad de cómo hacer las cosas, porque por mucho que uno se esfuerce, cuando pasen dos años cambiarán la norma y todo su trabajo será de balde.

En esta norma, puestos a concretar cosas que no estaban del todo clarificadas en su origen, se dedica a precisar con pelos y señales lo que se acepta como publicación científica. En el acuerdo original se tenía que demostrar la actividad investigadora con la publicación de algún artículo. Ahora se concreta que eso se logra obteniendo tres puntos PAR 1, y ya no basta con simplemente publicar artículos, tiene que ser en una publicación del SCI o de una lista de notables, pero que además haya recibido la calificación PAR 1 durante las últimas 4 convocatorias. Como se puede ver por su deriva, el sistema va añadiendo condiciones una tras otra, dificultando cada vez más su consecución como si de una carrera de obstáculos se tratase. Y como decía Buzz Lightyear, “hasta el infinito y más allá”.

No vamos a detallar todos los defectos de la modificación, pero sí vamos a puntualizar un detalle que a muchos nos provoca la erupción de ampollas: la minusvaloración de la docencia en favor de la investigación. Aparece en el documento la siguiente frase: “Un cop determinada la valoració de les activitats docents, d’acord amb el punt anterior, les persones directores d’ens vinculats de recerca poden disposar d’una valoració immediatament superior en el resultat corresponent”. Por tanto, se da a entender que si investigas, la valoración de docencia te viene de regalo. No hemos visto en ningún punto del documento algo del tipo “Un cop determinada la valoració de les activitats de recerca, d’acord amb el punt anterior, les persones directores d’ens vinculats de docencia poden disposar d’una valoració immediatament superior en el resultat corresponent”.

Seguiremos analizando el sistema de evaluación en posteriores artículos.

[1] acuerdo 86/2012 del 12/06/12: 7.1 Acord núm. 86/2012 del Consell de Govern pel qual s’aprova les modificacions del Règim de dedicació del Professorat de la UPC. Document 5/6 http://www.upc.edu/bupc/hemeroteca/2012/b139/05062012.pdf

Print Friendly

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Recibe noticias del blog por correo electrónico

Introduce tu correo electrónico para recibir notificaciones de nuevas entradas el blog .

Videos

Defensem la dignitat del professorat